Jalisco necesita una reforma judicial que garantice la justicia, la independencia y la imparcialidad

Diana Alonso 

Representantes de instituciones académicas, empresariales, organizaciones civiles y colegios de abogados participaron en el foro “La reforma judicial que Jalisco necesita”, en el que se expusieron las características del modelo que desarrollaron junto con la ciudadanía y destacaron la importancia de implementar en el estado una reforma que mitigara las afectaciones derivadas de la reforma judicial federal aprobada en 2024. 

Durante la inauguración del foro, Marcos del Rosario director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, señaló que este ejercicio representaba un esfuerzo de construcción colectiva. Afirmó que “este no es un foro más sobre la reforma judicial, sino el resultado de un ejercicio inédito de construcción ciudadana, técnica y plural”. 

María Elisa Franco, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), subrayó lo excepcional del proceso de diálogo logrado en Jalisco al considerar que “en un contexto nacional de crisis de la deliberación democrática […] un ejercicio de diálogo real […] parece un acto extraordinario, tristemente en el México de hoy hasta heroico”. 

La reforma judicial federal impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador obligó a todas las entidades federativas a reconfigurar sus sistemas de impartición de justicia para adoptar la elección popular de jueces y magistrados. Por esta razón se convocó a instituciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, la Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (Coparmex Jalisco), la Fundación Konrad Adenauer, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), la Universidad Panamericana (UP), Juicio Justo y otras organizaciones para conformar un grupo de trabajo. 

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, explicó que el modelo propuesto está construido desde la rigurosidad técnica, el análisis académico y la pluralidad social. Recordó que el proceso incluyó “más de 20 foros” realizados para enriquecer la iniciativa.  

La propuesta plantea que se implementen convocatorias abiertas y que los aspirantes participen en un curso obligatorio de certificación, exámenes teóricos y prácticos, una evaluación curricular objetiva, pruebas de integridad, evaluaciones psicométricas y entrevistas públicas donde la ciudadanía pudiera presentar objeciones. Su objetivo, en palabras de Patricio Varela, integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Capítulo Jalisco: “garantizar que sea el mérito, la capacidad y la integridad los criterios rectores para poder aspirar al cargo, y no la afinidad que se tenga con un grupo de poder”.  

El modelo también propuso un Tribunal de Disciplina Judicial con causales claras y limitadas para evitar su uso como mecanismo de presión política, así como la creación de una sala constitucional local para proteger derechos humanos ante el debilitamiento del juicio de amparo federal.  

El 15 de marzo de 2025 venció el plazo constitucional para que las entidades armonizaran sus normas con la reforma federal. Sin embargo Jalisco no ha aprobado una reforma integral, lo que mantiene en incertidumbre el funcionamiento futuro del Poder Judicial. 

Durante el foro, los especialistas advirtieron sobre la urgencia de que el Congreso actuara. Alberto Ruvalcaba presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, sostuvo que “es tiempo de decisiones […] no legislar es también una decisión, y no es la mejor decisión”. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del IIJ de la UNAM, señaló que, con una reforma adecuada, “hay la oportunidad de convertir esto en lo que sería una ciudad santuario, un santuario judicial”. 

Los expertos coincidieron en que la reforma judicial federal resultaba perjudicial porque no partió de un diagnóstico técnico ni atendió los verdaderos problemas del sistema de justicia. Señalaron que la elección popular sin filtros rigurosos abría la puerta a perfiles sin preparación, captura partidista e incluso la intervención de grupos criminales o económicos en la designación de jueces. Franco recordó que “lo que hacen juezas y jueces no lo puede hacer cualquier persona”, subrayando que someter estos cargos a campañas y votaciones sin controles adecuados ponía en riesgo derechos fundamentales. 

En el foro también participaron José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Isabel Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UP; Elías García Parra, académico de la Univa, y Jesús Ibarra Cárdenas, académico del Dsoj del ITESO.